La llei prohibeix netejar el bosc? Què regula realment la Llei de monts

¿Es verdad que la legislación española prohíbe limpiar el campo para prevenir el riesgo de incendios? O más bien se trata de otro bulo que ha sido divulgado por la llamada derecha española. Veámoslo. El mayor incendio de la historia de España y como de costumbre nuestros políticos inoperantes tirándose los trastos a la cabeza en una batalla de endoso de responsabilidades y de relato sobre culpabilidades. Y dentro de esta batalla de relatos sobre las culpabilidades, uno de los principales puntos en disputa ha sido si las nuevas regulaciones del Estado prohíben o no prohíben que se limpie el campo, porque en caso de que lo prohibieran, estas regulaciones estarían indirectamente alimentando la extensión y la intensificación de los incendios. Y aquí hay dos posiciones muy firmes y muy reconciliables. La derecha dice que en efecto la regulación prohíbe, sanciona la limpieza del campo, mientras que la izquierda, arrogándose esos aires de autoridad periodística, niega

tajantemente que eso sea así. Incluso lo llega a calificar como un bulo. Bulos, bulos, no. Bulos, no. El bulo reiterado de que no se puede limpiar el campo, bulos no, no es un bulo. Bulos, no. El agricultor limpia el campo. Agor, he dicho que bulos no. En este programa, por favor, bulos no. El agricultor limpia el campo. No es un marrano. Igual es un marrano quien intenta enredar al personal. Así pues, ¿es un bulo o no es un bulo que la legislación actual prohíba limpiar el campo? Pues de entrada lo primero que habría que decir es que limpiar el campo no es una categoría jurídica como tal. Dentro de limpiar el campo hay numerosas actividades distintas, algunas de las cuales están reguladas y muy reguladas y otras bastante menos. Por ejemplo, en limpiar el campo podemos incluir desbrozar matorrales, cortar y podar árboles, retirar o quemar restos, abrir una pista para que pueda pasar la maquinaria, introducir ganado o devolver el uso agrícola a un terreno que ha sido invadido por la vegetación. No solo eso,

la categoría jurídica de campo tampoco está suficientemente acotada. ¿Qué entendemos exactamente por campo? De entrada, la categoría jurídica precisa no sería campo, sino monte. Pero es que además el monte tampoco es una categoría jurídica homogénea. En un comienzo hay que distinguir entre monte público y monte privado. El monte privado es aquel que es objeto de titularidad privada, ya sea esta titularidad privada una persona física, una persona jurídica o incluso también una comunidad de vecinos. Y el monte público es aquel de titularidad pública, propiedad de una administración, sea esta municipal, autonómica o estatal. Y esta división es importante porque no todos los tipos jurídicos de monte tienen las mismas prohibiciones u obligaciones sobre ellos. Así que ya os podéis imaginar que esa frase de la regulación prohíbe limpiar el campo es un eslogan vacío tanto para quienes lo abrazan como para quienes lo rechazan. Porque ni limpiar es un término jurídico regulado, ni campo o monte es una realidad homogénea sobre la que pesen idénticas

obligaciones. Ahora bien, que ambas posiciones sean imprecisas con respecto al problema de fondo, no significa que ambas intenten ocultar la realidad de la misma manera, porque como ahora vamos a ver, la regulación se establece muchas trabas elevan el coste práctico y efectivo de limpiar el campo. Tal como se entiende esto popularmente, primero hay un argumento que suele repetirse mucho entre los defensores de la regulación y por tanto entre quienes niegan que esa regulación esté desincentivando la limpieza del monte, que es que la ley de montes no solo no prohíbe la limpieza del campo, sino que incluso la vuelve obligatoria. Pero ni siquiera este argumento es estrictamente cierto. Este argumento nos remite al artículo 48 de la Ley de Montes, donde se dice lo siguiente. Las comunidades autónomas ante el riesgo general de incendios forestales elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Estos planes se aplicarán de manera continua durante todo el año e incluirán los siguientes contenidos. Y aquí en el apartado E podemos leer los trabajos de

carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, en particular los tratamientos selvas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de ejecución. Es decir, que los propietarios de montes, sean estos propietarios privados o propietarios públicos, ni siquiera tienen una obligación genérica de limpiarlos. la tienen en la medida en que la correspondiente autonomía haya aprobado durante ese año un plan de prevención de incendios dentro del cual estén contenidas obligaciones concretas para los propietarios de montes. Pero es que además lo importante con respecto a la limpieza regular del monte no es que las personas lo hagan porque un burócrata desde arriba les obligue a hacerlo. Ese es un mecanismo institucionalmente muy débil, porque a menos que ese burócrata sea capaz de fiscalizar individualmente lo que hacen o lo que dejan de hacer cada uno de los propietarios, muchos de ellos si la única razón que tienen para limpiar el monte es hacer caso al

mandato que les viene desde arriba, no lo harán. Y en España el Estado no tiene recursos ni mucho menos suficientes como para verificar cada metro cuadrado de cada finca. para saber si los propietarios han cumplido o no han cumplido con las obligaciones que centralizadamente se les imponen respecto a la limpieza y prevención de incendios en su parte de monte. En cambio, cuando cada propietario está genuinamente incentivado a mantener su parte del monte limpia, no hace falta que desde arriba se vigile y se supervise nada, porque es la iniciativa descentralizada de cada persona la que quiere mantener el monte limpio para minimizar el riesgo de incendio. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Cuáles son las razones que pueden llevar a una persona a querer invertir su esfuerzo y sus recursos personales en limpiar su parte de monte? Pues por un lado que le proporcione ciertos ingresos y por otro que los costes de ejecutar esas actividades no sean muy elevados. Y por desgracia, la legislación que tenemos mata ambos lados del incentivo, reduce

los ingresos y eleva los costes. Por ejemplo, en determinados montes no basta con que el propietario quiera hacer ciertos trabajos en él, sino que necesita un proyecto forestal, un proyecto que deberá ser aprobado por la administración. Por tanto, el propietario ya tiene que contratar a un técnico, el técnico tiene que elaborar el proyecto y el proyecto tiene que ser finalmente sancionado por la administración. Eso antes de empezar a mover nada, así lo establece el artículo 33 de la ley de montes. Los montes declarados de utilidad pública y los montes protectores, aunque sean de propiedad privada, deberán contar con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente. La elaboración de dichos instrumentos se hará a instancias del titular del monte o del órgano forestal de la comunidad autónoma, debiendo ser aprobados en todo caso por este último. ¿Y qué pasa si no existen estos proyectos aprobados por la administración? Pues que si quieres hacer cualquier cosa, necesitas autorización previa. Artículo 37. Los aprovechamientos maderables y leñosos estarán sometidos a las siguientes condiciones básicas. B. En caso de no existir dichos instrumentos, el proyecto

de ordenación, planocrático o instrumento de gestión equivalente, estos aprovechamientos maderables y leñosos requerirán autorización administrativa previa. salvo cuando se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor cuantía, en cuyo caso deberá comunicar mediante una nueva declaración responsable que concurre en las circunstancias por las que no es necesaria dicha autorización. Es decir, que salvo para el uso doméstico, no puedes extraer madera del monte sin autorización administrativa previa, lo cual, por tanto, encarece los costes y reduce los ingresos de mantener el monte limpio. No solo eso, cuando extraes madera y la vendes, con posterioridad tienes la obligación de comunicarle a la administración cuánta has extraído y cuánta has terminado vendiendo. Artículo 374. El titular de un aprovechamiento maderable o leñoso o cuyos productos sean objeto de comercialización, deberá comunicar la cuantía realmente obtenida al órgano forestal autonómico en el plazo máximo de un mes desde su finalización y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto. Más costes burocráticos añadidos

a una actividad tan sencilla y tan tradicional como extraer madera del monte para mantenerlo además limpio. Y las limitaciones y costes burocráticos no solo se refieren a la extracción de madera del monte, sino también a otro mecanismo muy sencillo y muy tradicional de limpiarlo, como es introducir ganado. El pastoreo se caracteriza como un aprovechamiento del monte que por tanto tiene que estar previsto en el correspondiente plan de gestión forestal. Artículo 36.3. El órgano competente de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no maderables. Dichos aprovechamientos y en particular el de los pastos deberán estar en su caso expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión. No solo eso, si queremos reconvertir una finca que ha sido catalogada como monte a la agricultura, tampoco podemos hacerlo libremente. Artículo 40 de la ley de montes. El cambio del uso forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de interés general tendrá carácter excepcional y requerirá informe

favorable del órgano forestal competente y en su caso del titular del monte. Y todas estas trabas y muchas otras que surgen de cada específica regulación autonómica van asociadas a un régimen sancionador. El artículo 67 de la Ley de Montes especifica que cortar, quemar o arrancar especies forestales fuera de los instrumentos administrativos correspondientes o modificar sustancialmente la cubierta vegetal sin autorización o realizar aprovechamiento sin autorización o declaración responsable o abrir pistas no previstas o autorizadas o pastorear donde está prohibido o hacer pequeñas quemas controladas pero fuera de las condiciones autorizadas. En esos casos las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, y por tanto las multas podrán ir desde 100 € para el caso más leve de las infracciones leves, hasta 1,000ón de euros para el caso más grave dentro de las infracciones muy graves. Todo esto genera una clara incertidumbre regulatoria que lleva a la parálisis de muchos propietarios. Si no sé si lo que quiero hacer es correcto o no es correcto y conlleva el riesgo de

que termine siendo sancionado, pues mejor no lo hago. Por tanto, sí, técnicamente es incorrecto decir que la ley prohíbe la limpieza del monte, pero si al proclamar a los cuatro vientos, que es un bulo, decir que la ley prohíbe limpiar el monte, se quiere dar a entender que la ley no establece ningún tipo de traba, que a efectos prácticos puede conducir a una parálisis similar a la prohibición. Entonces, quien dice que es un bulo que la ley prohíba limpiar el monte, está propalando otro tipo de bulo. Está dando a entender que la ley no constituye ningún tipo de obstáculo para la limpieza eficaz del monte. Y eso desde luego, no es así. Probablemente este no sea el único problema que explique la magnitud de los incendios que estamos padeciendo, pero sí es una de sus causas y es una causa que es retrotraíble a una mala regulación nacional y autonómica, que ni siquiera además es regulación del PSOE porque la ley de Montes del año 2003 la aprobó el gobierno del PP de José María Aznar y la modificación de casi todos los artículos que he citado antes sobre el

aprovechamiento del monte se aprobó en el año 2015 con mayoría absoluta del gobierno del PP de Mariano Rajoy y las correspondientes regulaciones autonómicas que todavía empeoran más esta burocratización del monte, muchas de ellas también son del Partido Popular. Por tanto, esto ni siquiera tendría que ser una contienda partidista de el PSOE es culpable por la regulación, el PP es inocente porque promueve la desregulación. No, el PSOE convalida la sobreregulación del monte que ha aprobado el PP. Los dos están exactamente en el mismo ajo. Lo que pasa que se quiere quitar el foco de este problema, que lo es, porque se prefiere colocar el foco en otros problemas, como por ejemplo el cambio climático o la necesidad de un pacto político de estado entre políticos que se odian entre sí y que instrumentalizan las tragedias para rascar votos. un pacto de estado en materia de cambio climático. En definitiva, que la ley no prohíbe de Yure limpiar el monte, pero en muchos campos sí prohíbe o dificulta enormemente de facto mantenerlo limpio.